Tal día como hoy, el 19 de febrero de 1836, dentro del proceso desamortizador, el primer ministro y ministro de Hacienda del Gobierno de España, Juan Álvarez Mendizábal, decretaba la venta de todos los bienes de las extintas órdenes religiosas.

Juan Álvarez Mendizábal había iniciado ese mismo año un proceso de nacionalización de los bienes del clero regular para venderlos en una subasta pública, es la llamada desamortización de Mendizábal.

Esta medida, inspirada en la Revolución francesa, tenía como objetivo dinamizar la economía agrícola del país sacando al mercado libre el inmenso patrimonio inmobiliario que las órdenes religiosas habían acumulado durante siglos, formar con los compradores de estas tierras una clase media dispuesta a apoyar el régimen liberal y la causa de la Reina Isabel II además de reducir la agobiante deuda pública y proporcionar al Estado los suficientes medios económicos con los que financiar al ejército para poder combatie la amenaza carlista.

La desamortización se produjo a través de una división de las fincas más grandes con la intención de proporcionar el mayor número de tierras. En total, se pusieron a la venta dos millones de lotes y se permitió pagar la compra de los terrenos a plazos o bien con papel de deuda pública.

Las oligarquías del siglo XIX español se caracterizaron por hacer uso de triquiñuelas para evitar pérdidas de poder e influencia, así que en muchos casos, con la complicidad de las comisiones municipales que se encargaban del reparto de tierras desamortizadas, los grandes compradores consiguieron agrupar pequeños lotes para componer de nuevo las grandes fincas que se habían parcelado.

La desamortización de Mendizábal fue un relativo éxito. Su máximo auge tuvo lugar en los años 1842 y 1844, cuando el general Baldomero Espartero puso en marcha su propia desamortización. A lo largo del siglo XIX se produjeron diversas desamortizaciones, que proporcionaron elevados ingresos para el Estado.