Tal día como hoy, el 9 de abril de 1977, tenía lugar un importante y tenso paso del proceso de transición española hacia la democracia, la legalización del Partido Comunista español.

El 9 de abril de 1977, un sábado santo, el entonces presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez, anunció la legalización del Partido Comunista español tras más de cuarenta años operando en la clandestinidad.

La legalización del Partido Comunista español se produce después de que el partido presentase el 11 de febrero de 1977 la documentación para ser incluido en el Registro de Asociaciones y tras mantener varias reuniones que el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el líder del Partido Comunista español, Santiago Carrillo, y otros dirigentes mantuvieron de forma secreta.

El Partido Comunista español ya era un partido político que contaba con el apoyo de miles de personas que ansiaban el establecimiento efectivo del régimen democrático, prueba de ello son los 200.000 afiliados con los que llegó a contar el partido el año en el que fue legalizado.

Su líder, Santiago Carrillo, era muy consciente de que el partido tenía que salir a la superficie e imponer su legalización como parte del proceso de transición hacia la democracia.

Es posible que la legalización del Partido Comunista español fuese posible gracias a la reacción ordenada que mantuvieron los militantes y simpatizantes durante la jornada del entierro de los abogados de Atocha que fueron asesinados por un grupo de pistoleros de extrema derecha. La actitud de los militantes comunistas en la conocida semana trágica de la Transición fue clave para convencer al presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez, de legalizar el Partido Comunista español.

Finalmente, el 9 de abril de 1977, pocos días después de que el Gobierno disolviera la Secretaría General del Movimiento, se comunicó la legalización del Partido Comunista español, una decisión que suscitó una gran polémica y rechazo por el sector más conservador de la sociedad pero que supuso un acontecimiento imprescindible para la normalización del proceso democrático.